Visto hasta entonces como una solución política para reducir la presión de los campesinos y no como una alternativa económica, el reparto agrario no había hecho sino distribuir poca tierra y de baja productividad. Un documento oficial de 1937 destacaba los datos del censo de 1935: 59% de los ejidos existentes en el país —concentrados fundamentalmente en la zona central, la de mayor densidad demográfica— estaban compuestos por parcelas de no más de cuatro hectáreas, que muchas veces no tenían tierra laborable. Treinta por ciento se integraban por parcelas de entre cuatro y 10 hectáreas, y 9% por unidades de dotación de más de 10 hectáreas. De estos últimos, sin embargo, las tierras solían ser de mala calidad, sin irrigación ni condiciones climáticas favorables.20