Afiuni. La presa del comandante

Editorial Dahbar reedita la 4ta edición de uno de sus libros más emblemáticos: Afiuni, la presa del comandante, que ha vendido más de 23 mil ejemplares y ha puesto de relieve una de las grandes violaciones a los derechos humanos del gobierno de Hugo Chávez. Esta reedición incluye un nuevo prólogo y un epílogo que actualiza el caso.

Afiuni, la presa del comandante es un reportaje, escrito por uno de los más capacitados periodistas de investigación de Venezuela, pero se lee como una novela gracias a su interés por el mundo íntimo y las vueltas del destino de sus dos protagonistas.

María Lourdes Afiuni es nuestro Conde de Montecristo. Es un ejemplo vivo del deterioro sufrido por la institucionalidad venezolana en dos décadas que ya lleva el chavismo en el poder. Todo comenzó en 2009, cuando la abogada fue detenida de manera arbitraria e ilegal por cumplir con la ley. Su caso hoy es sinónimo de muchos de los males que aquejan a Venezuela. Falta de independencia en la administración de justicia, ausencia de separación de poderes, sed de venganza, carencia de contrapesos gubernamentales y civiles que defiendan los derechos humanos, abusos cometidos por funcionarios de seguridad del Estado, atropellos que nacen del resentimiento más primitivo.

Es bueno recordar que María Lourdes Afiuni era jueza del Tribunal 31 de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del área metropolitana de Caracas, cuando fue detenida el 10 de diciembre de 2009. Era una funcionaria pública. Su vida nunca volvió a ser como era. Su caso se convirtió en un ejemplo para ejercer terror frente a cualquier otro juez que enfrentara una orden del presidente. De seguir los pasos de Afiuni, podría ocurrir lo peor. Destitución, encarcelamiento y tortura.

La jueza María Lourdes Afiuni fue “detenida por otorgar libertad bajo fianza a Eligio Cedeño, banquero detenido sin juicio desde febrero de 2007, acusado de simulación de importación, distracción de recursos bancarios y operaciones cambiarias ilegales’’. Así lo consigna la cronología de la ONG venezolana, Acceso a la justicia.