En 1302 un ambicioso y audaz cura dominico, y profesor de prestigio en la Universidad de París, decide que es el momento de hacer conocer sus ideas políticas interviniendo en uno de los momentos críticos de la secular lucha de las dos espadas entre la auctoritas eclesiástica papal y la potestas terrena de los príncipes. Esta vez no está el emperador en uno de los frentes, sino el rey de Francia Felipe el Hermoso, quién no solo se ha atrevido a imponer impuestos a los clérigos, sino que arresta al obispo de Pamiers, amigo del papa, por negarse a pagar e impide la salida de oro, dinero y hasta prelados hacia Roma. Bonifacio VIII responde con burlas, en las que descalifica a Felipe y reafirma que su auctoritas sagrada se encuentra por encima de toda potestas terrenal.
Juan de París quiere desmentir uno de sus sobrenombres, Quidort –el que duerme–, y escribe un opúsculo, De potestate regia et papale, que sorprende a los dominicos (porque al oponerse a las pretensiones de plenitudo potestatis del papa, compromete los abundantes beneficios y prerrogativas de la orden), y complica a los regalistas franceses (porque en su tratado no encuentran argumentos sólidos que fortalezcan el absolutismo en construcción del rey). Ni supremo gobierno del papa, ni del rey, ni del imperio, sino una exposición enmarcada en el derecho natural y de gente que sostiene que el poder “proviene de Dios y del pueblo”, quien consiente e instituye el tipo de régimen político, elige y pone a quien lo preside, y hasta propone un principatum civilis vel politicus en el que el pueblo es la suprema autoridad constituyente, hacedor de las leyes y el príncipe es solo un jefe electo que preside las deliberaciones, actúa como juez y ejecutor, y define que los bienes del pueblo no son ni comunes ni de ningún otro que del trabajador que los ha producido con su arte y su trabajo.
