La Ley 9/2017, de contratos del sector público es una de las normas de mayor importancia en la gestión de las políticas públicas. Se trata de un texto extenso y prolijo -son 347 artículos y 53 Disposiciones Adicionales (muchas de estas Disposiciones, en adecuada técnica normativa, deberían formar parte del articulado) y 16 Disposiciones Finales-. Y en ciertas ocasiones tiene un marcado carácter reglamentario que puede complicar la aplicación. Es cierto que puede parecer un texto “continuista”, pero existen notables diferencias con su predecesora, principalmente porque, tras el debate parlamentario, se han dado importantes pasos para intentar solucionar problemas estructurales de transparencia y de prevención de la corrupción, en especial derivados de la dualidad de regímenes jurídicos en función de la consideración o no de Administración pública, o de debilidad del control, lo que ponía en cuestión el objetivo inicial de impulsar una diferente «gestión práctica” de la contratación pública. Y pretende, además, un cumplimiento de las exigencias europeas así como una reorientación de la contratación pública desde la perspectiva de estrategia para implementar políticas públicas. Para el correcto análisis y comprensión de los cambios que se incorporan tiene el lector una obra de reflexión y no meramente propedéutica. Se analiza por especialistas académicos y de la práctica administrativa de forma sistemática la Ley 9/2017, de contratos del sector público con la intención de dar cuenta de las principales novedades y consecuencias prácticas de la nueva legislación de contratos públicos. Se trata, en definitiva, de la obra de referencia para conocer en profundidad las novedades de la nueva regulación y su significado en la gestión de la contratación pública desde la óptica de estrategia.
