Los señores del narco

Las detenciones nunca se tradujeron en confiscaciones importantes de cuentas bancarias en México y el extranjero, o en investigaciones sobre empresas legales dedicadas al lavado de dinero. Tampoco condujeron a la aprehensión de los otros señores del narco: policías, militares, agentes del ministerio público, gobernadores, alcaldes, diputados, senadores o empresarios. Todos ellos son eje central de los cárteles de la droga.

En diciembre de 2012, la Sedena informó que de 2006 a 2012 fueron detenidos más de 50 mil presuntos narcotraficantes, entre ellos nueve capos nacionales y uno extranjero, 118 lugartenientes, 97 operadores, 46 mil 814 de menor nivel, y 683 extranjeros.

Pero ninguna de esas acciones hizo que en México disminuyera el poder de los cárteles de la droga ni la violencia. Nada de eso propició que hubiera justicia para las víctimas de dichos criminales. Tampoco han sido menos los secuestros, las extorsiones, los feminicidios ni la desaparición de personas.

La falsa guerra contra el narcotráfico desatada por Felipe Calderón tenía como objetivo empoderar a Guzmán Loera: la meta se cumplió, pero fracasó en disminuir la fuerza de sus enemigos. Durante los seis años de su gobierno, los mexicanos fuimos informados de operativos realizados a partir de labores de inteligencia, pero éstas eran inexistentes. También vimos desfilar, a modo, a los capos detenidos por el Ejército, la Marina o la Policía Federal ante las cámaras de televisión, en vivo y a todo color.

El anuncio del “triunfo” del cártel de Sinaloa coincidió irónicamente con la salida del Ejército mexicano y la entrada de la Policía Federal de la SSP a patrullar las calles de Ciudad Juárez.

En realidad lo que se ha vivido en México en la última década no es una “guerra contra el narcotráfico” sino una guerra entre narcotraficantes en la que áreas del gobierno federal mexicano han sido parte trabajando para uno de los grupos combatientes: el cártel de Sinaloa.

Hasta agosto de 2010, ese costo de vidas humanas al que se refería Calderón fue de 28 mil personas ejecutadas. Y para julio del año 2011 se alcanzó la pavorosa cifra de más de 40 mil personas ejecutadas. Al ritmo de balazos y granadazos México se fue convirtiendo en un cementerio.

Las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública olían a putrefacción, y pronto ese olor llegaría a la calle con escandalosa notoriedad.

Lo que nadie se explicaba era por qué había decidido enfrentar a la delincuencia organizada con los servidores públicos que habían fracasado en esa tarea en la administración anterior, el primero por tibio y el segundo por corrupción: Eduardo Medina Mora y Genaro García Luna.

Guzmán Loera le dijo al general X que todas las “plazas” de México, es decir, los estados donde opera el crimen organizado, “están vendidas”. Lo peor es que algunos funcionarios del gobierno federal y de algunos gobiernos locales las han vendido en más de una ocasión a diferentes grupos, provocando un caos dentro de las organizaciones criminales.

Con la llegada de Genaro García Luna a la AFI, y después a la SSP federal, la práctica de la tortura volvió a instalarse de lleno, sobre todo contra los inocentes, con los culpables generalmente hay un arreglo.